¿Que es RAP-AL?
Links
Publicaciones
Plaguicidas
Transgénicos
Campañas
Seminarios
Noticias
Base de datos
Alternativas
 
Cumplan la promesa: Eliminen los COPs
Revista Enlace
No a las fumigaciones del plan Colombia
DIA INTERNACIONAL DEL NO USO DE PLAGUICIDAS
Descarga Afiche

Descarga Afiche
Transgénicos | TRANSGÉNICOS AL DIA | Artículos | Comunicados

Share |
Transgénicos
Transgenicos al día: Transgénicos en el mundo

Noticias publicadas en la revista ENLACE Nº 70 / Agosto 2005. RAP-AL

Transgénicos

Prohibiciones en Europa
Después que Hungría prohibió el maíz transgénico MON 810, un segundo país europeo, Polonia, anunció que planea prohibir las importaciones y la siembra de 17 variedades de maíz, por dos años, incluyendo el MON 810.
Aunque esta variedad genéticamente modificada ha sido aprobada por la Unión Europea, cada uno de los 25 países que la integran pueden prohibirlo en forma independiente. Austria, que también prohibió el maíz transgénico, señaló al Consejo de la Unión Europea que el MON 810 no puede ser comercializado ni plantado dada la incertidumbre científica sobre sus impactos en la salud y el ambiente, como también debido a la ausencia de un meticuloso plan de monitoreo de estos efectos. La misma preocupación fue compartida por otros 13 países europeos.
…………………

Argentina en conflicto con Monsanto
A mediados de marzo, el gobierno argentino anunció una serie de acciones para responder a la agresiva actitud de Monsanto, que amenazó con cobrar derechos de exportación de soja transgénica al ingresar este producto en países de Europa. De esta manera, la compañía transnacional busca presionar, ya que hasta ahora no ha logrado patentar en Argentina su tecnología Roundup Ready (RR).
Desde 1996 Monsanto vende a los agricultores semillas certificadas (soja y trigo, entre otras), pero estima que no ha sido un mecanismo eficaz ya que las ventas de semilla de soja no superan el 18% de las 14 millones de hectáreas cultivadas con soja transgénica en Argentina. El resto se vende sin certificación o es producto de la reproducción de las semillas que han venido haciendo los agricultores.
Monsanto entró en tratativas con distintos actores de la cadena con el objetivo de aplicar a partir de 2004-2005 un nuevo mecanismo de cobro por la tecnología RR, pero como las negociaciones fueron infructuosas sus directivos sentenciaron: “Por cada caso de infracción de la patente, nosotros requeriremos a la justicia el pago de 15 dólares por tonelada en concepto de daños y perjuicios”.
En este contexto, el gobierno de Néstor Kirchner convocó a una reunión extraordinaria de ministros de Agricultura para abordar en conjunto las amenazas recibidas de Monsanto. También reaccionaron con dureza las principales asociaciones de productores agropecuarios del país, como la Sociedad Rural. Esta advirtió que sus afiliados podrían dejar de comprar semillas transgénicas ante la “actitud avasalladora y monopólica” de la transnacional. Los productores aseguran que pagan tres dólares por concepto de derechos por cada bolsa de semillas de soja que compran a los intermediarios, sólo por usar la tecnología. El precio total de la bolsa es de alrededor de 20 dólares.
En un comentario sobre este tema publicado en el diario “La Jornada” (México), Silvia Ribeiro señala que “este caso es paradigmático, porque muestra claramente tanto las estrategias -legales e ilegales- de los gigantes genéticos, como los riesgos a los que se exponen los países que permiten los transgénicos”. La investigadora del Grupo ETC agrega: “En Argentina, los agricultores tienen derecho a guardar y replantar simiente, lo cual está establecido en la ley de semillas. Por tanto, los reclamos de Monsanto son ilegales”. Como otros ambientalistas, Ribeiro considera que al gobierno argentino está dispuesto a llegar a un acuerdo con la transnacional en torno a una fórmula que satisfaga sus demandas, pero que si éste aún no se ha logrado es por el rechazo de las organizaciones de agricultores. (Agencia EFE, 17 de marzo 2005/ “La Jornada”, edición electrónica, 17 de marzo 2005, www.jornada.unam.mx)
............................

Colombia exige licencia ambiental
El Consejo de Estado resolvió que los transgénicos que se introducen al país, se cultivan y comercializan a partir del 24 de mayo de 2002 -cuando entró en vigencia la Ley 740 (Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad)- deben cumplir con la exigencia de licencia ambiental, además de las evaluaciones de bioseguridad que deben realizarse en el marco de las normas internacionales y nacionales vigentes, y de las que posteriormente se desprendan del desarrollo de una ley nacional en esta materia (Ley 99 de 1993). La resolución incluye un seguimiento a las actividades de Monsanto en Colombia a través de un comité que deberá presentar informes al tribunal de primera instancia sobre los impactos que genera en el país.
Esta sentencia del Consejo de Estado tuvo su origen en una demanda ciudadana iniciada el año 2003 por el doctor Hernán Arévalo, con el apoyo del Grupo de Acciones públicas de la Universidad el Rosario y otras organizaciones, como el Grupo Semillas y la fundación Derechos de Colombia, para que se exigiera a la empresa Monsanto el trámite de licencia ambiental en la liberación del algodón transgénico Bt. El ICA, mediante una resolución del 10 de mayo de 2002, autorizó la siembra de semillas de algodón Bt en la zona del Caribe Húmedo, sin que el Ministerio de Ambiente exigiera a Monsanto la licencia ambiental. Los demandantes solicitaban, además, la aplicación del Principio de Precaución.
El 17 de octubre de 2003, el tribunal administrativo de Cundinamarca falló en primera instancia “ordenar al Ministerio de Ambiente exigir a Monsanto el trámite de licencia ambiental previa importación del algodón Bt para ensayos semicomerciales en el Caribe Húmedo”. Ante este fallo, la transnacional apeló al Consejo de Estado, entidad que lo revocó argumentando que no era procedente la licencia ambiental para este caso específico, pues “la solicitud de Monsanto y la resolución que aprobó estas siembras fueron anteriores a la entrada en vigencia en Colombia de la Ley 740 de mayo 24 de 2002, aprobatoria del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad”. Sin embargo, el Consejo de Estado estableció que esa exigencia será aplicable a los transgénicos que se pretenda introducir a partir de esa fecha.
En cuanto al seguimiento de Monsanto, los demandantes están pidiendo al Consejo de Estado que disponga la integración de representantes de la sociedad civil al comité encargado de esa tarea. (Grupo Semillas, 15 de marzo 2005. www.semillas.org.co, semillas@semillas.org.co)